INCERTIDUMBRE CIENTÍFICA Y FALTA DE LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

No hay consenso sobre los efectos que puede causar en la salud. Por ello, la OMS recomienda aplicar el Principio Precautorio. En Argentina, la regulación sobre el tema resulta escasa, poco clara, y no tiene fuerza de Ley.

Incertidumbre Científica

Existe en todo el mundo incertidumbre científica sobre los efectos que pudieran causar las radiaciones electromagnéticas en la salud humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prometió para el próximo año el resultado de la investigación que se está llevando a cabo con profesionales de diez países, con el fin de dar una respuesta conclusiva. Mientras tanto, los expertos aseguran que las normas que intentan dar una regulación a la potencia de las radiaciones no resultan rigurosas y además, no tienen fuerza de Ley.

Diferentes investigaciones en el área de las telecomunicaciones han advertido sobre la posible peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas emitidas por antenas de radio AM, FM o de telefonía celular para la salud humana. Se enumeran trastornos como cefaleas, quemaduras en la piel, insomnio, alteración de la capacidad de respuesta, y hasta cáncer. Sin embargo, existen otras versiones en las que se asegura que los resultados de las investigaciones no son conclusivos, y que un efecto en la salud –desde la jaqueca hasta el cáncer- puede provenir de tantas causas, que la contaminación electromagnética queda relegada a una probabilidad entre muchas otras. No existe hasta el día de hoy consenso en la comunidad científica respecto a los efectos de las radiaciones no ionizantes.

Según el Doctor Juan Carlos Giménez –del Instituto de Medicina, Radio Medicina y Seguridad, de la Comisión Nacional de Energía Atómica- todos los estudios que han arrojado como resultado posibles daños a la salud por causa de las radiofrecuencias, no cumplen con el rigor del método científico, por lo que deberían ser descartados. “Tenemos conocimiento claro de que la exposición a los campos electromagnéticos no producen efectos agudos”, dice. “Ahora falta ver si en el tiempo esto también se cumple”.

El negocio en Argentina

El fenómeno de la contaminación electromagnética se convirtió en tema de agenda tanto de numerosos científicos como de vecinos preocupados por la enorme proliferación de antenas emisoras de radiofrecuencias, ocurrida en los últimos años, producto de negocios como la telefonía celular.

En Argentina hay unos 20 millones de abonados a la telefonía móvil, según los registros de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) del último trimestre. Este número duplica las estadísticas del mismo período del año pasado; lo que habla de un fenómeno comercial que maneja millones de pesos en todo el país.

Tipo de Radiación

Los teléfonos móviles llevan incorporado un pequeño aparato emisor-receptor que se comunica con la antena emisora-receptora de la red de telefonía dispersa en distintos puntos de la ciudad. Estas redes tienen capacidad para comunicar a un determinado número de abonados. Por lo tanto, cuando el tráfico de abonados aumenta, las empresas se ven en la necesidad de ampliar la red de antenas, de modo que las comunicaciones sigan siendo eficientes, y el negocio continúe su expansión.

La comunicación entre antena y teléfono se realiza mediante ondas electromagnéticas generadas por ambos aparatos. Éstos producen un tipo de radiación a través del movimiento de cargas eléctricas, invisibles al ojo humano.

Las radiaciones varían en su intensidad, dependiendo de la zona del espectro electromagnético al que pertenezcan. Ejemplos de éstos son los Rayos X, y las ondas de radio de AM o FM.

El Ingeniero Hugo Colombo, del Consejo Profesional de Radiaciones no Ionizantes de la Facultad de Ingeniería (UBA), explica que a potencias extremadamente altas (características de los Rayos X) las ondas electromagnéticas tienen suficiente energía para romper enlaces químicos y dañar así por ejemplo el ADN. Sin embargo, a potencias más bajas, como las de telefonía móvil, las ondas no tienen capacidad de producir este efecto, por lo que se las considera no ionizantes. No obstante, la comunidad científica no descarta la ocurrencia de efectos leves, como cefaleas, cataratas o golpes de calor, y continúa a la espera de certezas sobre los daños que pudieran causarse a lo largo del tiempo.

Principio Precautorio

Ante la llamada Incertidumbre Científica, la OMS emitió una recomendación formal en la que se plantea la necesidad de aplicar el Principio Precautorio. Esto significa que en caso de dudas razonables sobre algún elemento que pudiera hacer daño a la salud, se recomienda retirarlo, o bien usarlo al mínimo posible.

El Doctor Gimenez destaca la importancia de aplicar el Principio Precautorio fundamentalmente en los menores de 16 años, ya que está demostrado que el sistema nervioso de las personas termina de madurar a esa edad. “Además de ser más vulnerables por tener el organismo en formación, el chico, como el feto, tienen más expectativa de vida. Entonces, si el celular es usado por una persona mayor, es poco probable que se exprese una enfermedad con cierta latencia, como el cáncer. En cambio es más factible que se exprese la enfermedad en una persona expuesta desde la niñez”.

No obstante, aclara que por el momento no se conocen peligros serios. “La patología que tiene largo alcance y que se puede originar como consecuencia de una acción repetitiva y constante de algún agente físico, químico o biológico es el cáncer”, afirma. Pero asegura que hasta el momento, “los estudios que se han realizado in vitro demostraron que el campo electromagnético no es mutagénico. Y hasta ahora se cree que para que un agente genere cáncer, tiene que ser mutagénico”.

La Comisión Internacional de Radio-protección contra las Radiaciones no Ionizantes asegura que las normas existentes sobre los estándares máximos de frecuencia para las radiaciones de telefonía celular evitan la ocurrencia de efectos agudos. Falta que la OMS concluya la investigación iniciada en 1996 sobre los riesgos que pueden presentarse en el tiempo bajo las condiciones actuales de exposición.
Normativas
En Argentina, recién en el año 1995 el Ministerio de Salud aprobó la Resolución 202/95, en la que se establecía el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a Radiofrecuencias en todo el territorio Nacional. Pero esta norma no cumplió con el requisito de su publicación para adquirir eficacia y vigencia, de modo que su aplicación fue durante cinco años referencial y voluntaria; no obligatoria.
En el año 2000, la resolución 530/00 de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, tomó los estándares establecidos por la 202/95 y recién entonces la norma perdió su carácter meramente referencial.
Sin embargo, en el año 2002, Antonio Brailovsky, desde la Defensoría Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires denunció que en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires había 338 antenas clandestinas puestas por las compañías de teléfono. “Al no tener ningún control estatal no había ningún control de la potencia, que es el factor que puede provocar un daño a la salud” comenta. En ese momento, la Defensoría consiguió un Convenio con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) para realizar las mediciones de todas las antenas encontradas. “El ITBA concluyó que estaban en niveles de compatibilidad con la salud humana” asegura. “Pero esto de que haya que hacerlo por afuera del circuito de control y no por adentro del circuito de control indica como están funcionando las cosas”.
En Ciudad de Buenos Aires, la resolución 244 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable firmada por Norberto La Porta en 2001 se apropia de los mismos estándares, comprendidos entre 100 KGz y 300 GHz.

En opinión del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) estas normativas no son eficientes: el marco para realizar las mediciones no resulta lo suficientemente explícito, detallado y riguroso.

De hecho, estas normas están destinadas a controlar la densidad de potencia individual de las antenas. Pero una propiedad puede recibir una radiación superior, producto de la sumatoria de otras fuentes cercanas.

Pese a esto, el Licenciado Brailovsky afirma que sacar antenas no es la solución, porque las empresas podrían subir la potencia de las otras.

Respecto a este tema, se le consultó a Mario Romano, un contratista de la empresa CTI, quien afirmó que una empresa no puede aumentar el nivel de potencia, pues los equipos que ingresan al país llegan programados para una cierta potencia de la que no se puede pasar. Sin embargo, entró en contradicción:

_El problema de retirar antenas es que las empresas pueden aumentar la potencia de las otras para que ningún espacio quede sin señal, ¿es así?
_No. Si las empresas pudieran aumentarla, ¿creés que van a invertir en hacer un sitio nuevo?. Si con el solo hecho de darle más potencia a las que tienen cubren el cono de sombra, no van a invertir 50.000 pesos en hacer un sitio nuevo. Directamente aumentan la potencia. Pero no es la cantidad de potencia la que te va a sacar del cono de sombra.

_Entonces la potencia se puede aumentar...
_Se podría. Pero el tema es que no está aprobado.


La CNC es la encargada de fiscalizar todo en cuanto a materia de telecomunicaciones en el territorio nacional. Su objetivo es ejercer el poder de policía del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia. En su última resolución sobre radiaciones no ionizantes (la 3690/2004), el artículo 9° dictamina: “la CNC podrá requerir los informes o realizar mediciones cuando así lo estime necesario”. Pero no establece periodicidad ni obligatoriedad.

Según el Licenciado Carlos Castiñeiras, Coordinador del Programa Especial de Prevención de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se establece periodicidad porque no hay ley ni decreto. “Cuando se pueda resolver el tema con una ley, con su decreto reglamentario, ahí sí se puede hablar de periodicidad. Pero con una resolución muy difícilmente se pueda apelar a una periodicidad porque no tiene fuerza”.

Los intereses

Fuentes no oficiales explicaron la falta de rigurosidad en las normativas por los intereses económicos que están puestos en juego. Las empresas necesitarían cierta libertad de acción para mantener en alza sus ganancias. El caso de las antenas de radio es un ejemplo de ello. El Ingeniero Colombo explicó: “Si cada seis meses tengo que hacer una medición que me implica cierta cantidad de dinero, el segundo publicitario en radio va a elevarse también en función de eso. Por otro lado, si la potencia de la radio es menor, hay menos posibilidades de vender publicidad, porque la radio va a tener menor alcance”.

En cuanto a la telefonía, desde Europa se propuso reducir el tamaño de las celdas, que tiene que ver con un aumento en la cantidad de antenas, para lograr que la cantidad de potencia sea menor. Pero esto tiene un costo operativo muy elevado para las empresas. Afirmó Colombo: “La idea que se tiene es tratar de llegar a un punto que sea lo suficientemente bajo para la salud de las personas, pero lo suficientemente alto en términos de emisión para que siga siendo sustentable”. Y agregó: “En Argentina se está trabajando en las normativas desde hace 20 años. Pero hubo quienes nos han dicho que lo que nosotros estábamos haciendo era poner trabas a la industria”.

A nivel de información, también se pueden encontrar obstáculos. Se le preguntó a Mario Romano:
_Después de la instalación en la terraza de un edificio, ¿se deja copia de los resultados de las mediciones al consorcio?
_La empresa no está obligada a dejar una copia.

Por eso resulta importante el control estricto y periódico de las autoridades competentes, a fin de mantener un equilibrio entre los intereses de la industria y la salud. Pero según Castiñeiras, ni las radios ni las empresas de telefonía móvil tienen de qué preocuparse. Las resoluciones vigentes no tienen el peso suficiente: “Las resoluciones pueden dar ordenamiento, ordenar una cosa. Pero no pueden implantar una modalidad. Eso lo puede hacer una ley”.

Sin embargo, no existe hasta el día de hoy una Ley que regule la contaminación electromagnética en toda la República Argentina.

Informe Stewart

El informe Stewart es el resultado de la investigación más prestigiosa y reconocida a nivel mundial sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes. En él, científicos de las áreas de la oncología, la física, la neuropsiquiatría y la ingeniería, bajo la dirección de Sir Stewart, concluyen que no hay evidencias sobre los efectos nocivos de las ondas electromagnéticas para la salud. Pero sostienen que es recomendable continuar las investigaciones. Asimismo, aconsejan que los menores de 16 años no usen teléfonos celulares más de lo estrictamente necesario. A las compañías telefónicas, se les pide que ofrezcan el máximo de información a sus clientes sobre los riesgos que conlleva el uso de teléfonos móviles. Y también recomiendan la realización de auditorias independientes y aleatorias de todas las estaciones base para comprobar que no se exceden las normativas y que las estaciones base cumplen con sus especificaciones.
A raíz del informe, el Ministerio de Sanidad británico obligó a que los móviles vendidos en ese país lleven una advertencia en la que se indique la cantidad de radiaciones emitidas yla cantidad máxima a la que conviene estar expuesto.


Proyecto CEM: Un año de retraso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) creó en 1996 el Proyecto CEM, a través del cual destacados científicos evaluarían durante un período de 10 años los efectos que las radiaciones electromagnéticas pudieran causar en la salud humana y el medio ambiente.
La nota precedente, realizada en el año 2005, vaticina "para el año próximo" los resultados de este riguroso estudio. Sin embargo, hasta el primer trimestre de 2007 no se conoció dato alguno.
Proyecto CEM se gestiona desde la Unidad de Radiación e Higiene del Medio. Esta Unidad forma parte del Grupo Orgánico de Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente de la OMS.
Sólo a partir de este informe podrá definirse una norma política internacional que regule las emisiones de radiaciones electromagnéticas a fin de asegurar la efectiva protección de la salud pública.